La Sindicatura de Cuentas ha detectado un cúmulo de incidencias al analizar los contratos de emergencia hechos por la Generalitat en 2020 para hacer frente al estallido de la pandemia, y en algunos casos aprecia incluso pagos indebidos, sobrecostes y desviaciones no contempladas en la normativa. En concreto, el ente fiscalizador aprecia pagos indebidos por valor de 7,91 millones por parte del ICS a una empresa extranjera a la que se adquirieron respiradores. El contrato se adjudicó a Innjoo Technology cuyo objeto social no incluía la actividad objeto de contrato, y que el ICS, en el momento de adjudicarlo, no contaba con la licencia correspondiente de importación de productos sanitarios otorgada por la Agencia Española del Medicamento.
El informe constata que, al acabar el trabajo de campo para hacer este informe, a finales de septiembre de 2021, este proveedor debía 7,91millones al ICS, una deuda que se produjo, según comunicó a la Tesorería de la Generalitat, porque “falló el sistema informático de compensación de facturas contabilizadas con el importe de los anticipos recibidos y se pagó al proveedor, incorrectamente, 7,91 millones, en lugar de compensarle con el anticipo concedido”.
El ICS reclamó por correo al proveedor el importe de esa deuda pendiente y que, a la fecha de finalización del informe, el importe no ha sido recuperado por la Generalitat. En otro expediente analizado por la Sindicatura, en este caso de mascarillas FFP2, la facturación total de las unidades entregadas no se correspondía con las unidades realmente recibidas según los albaranes. En concreto, la cantidad entregada fue inferior en 422.400 unidades a la cantidad adjudicada y pagada, equivalente a 206.976 euros del importe pagado.
En otros dos expedientes, de suministro de productos de farmacia y de material de extracción de RNA, el coste total superaba de manera” significativa” al precio de adjudicación del contrato, unas desviaciones cifradas por la Sindicatura en 570.005 y en 438.206 euros. Todo este informe de la Sindicatura distingue entre la tramitación de urgencia de un contrato público, es decir, la que permite acelerar la formalización de un contrato público por razones de interés público, y la de emergencia, un mecanismo excepcional para dar una respuesta inmediata para atender necesidades sobrevenidas, como la pandemia de la covid-19.
Este informe de la Sindicatura, elaborado en cumplimiento de dos resoluciones del Parlament, ha fiscalizado un total de 6.114 expedientes tramitados de emergencia con un importe adjudicado de 704,05 millones, aunque para ello ha elegido una muestra de 202 contratos de este tipo por valor de 403,4 millones, así como también cuatro contratos de urgencia por la covid por 121,76 millones.
La Sindicatura también analiza en su informe el contrato adjudicado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) a Ferroser Servicios Auxiliares, una filial de Ferrovial, para el seguimiento de contactos positivos y concluye que “si bien el SEM no contrató y pagó más gestores de los que correspondería por aplicación de los algoritmos del contrato, el dimensionamiento en número de adscritos al servicio fue excesivo”.
Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete
Según la Sindicatura, los gestores contratados “no hicieron las llamadas previstas, sino que su actividad fue significativamente inferior a la que tendría que haber sido de acuerdo a los parámetros establecidos en el contrato”. Entre octubre de 2020 y enero de 2021 hubo una reducción progresiva del número de llamadas telefónicas mensuales del 26,3 % y, en cambio, el dimensionamiento del contrato, en términos de personal adscrito al servicio, aumentó en un 95,2 %, apunta la Sindicatura.
Asimismo, sostiene que durante la vigencia de este contrato, que estuvo activo entre junio de 2020 y el 31 de enero de 2021, diversos trabajadores estuvieron de baja en algún período de tiempo y en cambio estos casos se facturaron al SEM con una dedicación a jornada completa, ”sin deducir el importe pagado por la Seguridad Social”. La Sindicatura recuerda que este contrato contemplaba una parte fija (7,49 millones al año) y una variable (7,13 millones), y que el adjudicatario, en cambio, facturó 11,79 millones durante los ocho meses de vigencia del contrato, “sin desglosar nunca en las facturas emitidas la parte fija y la parte variable”.
La Sindicatura también constata modificaciones de contrato sustanciales, que habrían requerido un nuevo contrato de emergencia, y como ejemplo de ello pone el contrato hecho entre el ICS y la farmacéutica Abbot parala provisión de test de antígenos. En este caso, la modificación del importe del contrato fue de u n500 %, ya que de los 4,5 millones iniciales se pasó a un total de 27millones, al ampliar el número de test del millón original a los seis millones, una modificación que se hizo 47 días después de la resolución de adjudicación final.
Además de las incidencias mencionadas anteriormente, en siete expedientes la Sindicatura asegura que el objeto del contrato se alejaba de las necesidades destinadas a la protección de la covid, y que en cuatro de estos casos se trataba de suministros periódicos, que deberían haberse tramitado por contratación ordinaria. Este ente fiscalizador del sector público también ha apreciado falta de informes justificativos en algunos expedientes o bien contratos de tramitados de urgencia que demoraban su ejecución.
También este miércoles la Sindicatura ha dado a conocer otro informe en el cual analiza 1.485 contratos de emergencia, por valor de 80,14 millones, y otros 770 contratos de urgencia, por 34,07 millones, por parte de los ayuntamientos catalanes, y aprecia algunas incidencias ya detectadas en el caso de la Generalitat. Así, en nueve de esos contratos el objeto del contrato no se correspondía con el coronavirus, o en seis se usó el procedimiento de contratación de emergencia sin estar justificado.
